En Uruguay, la conmoción por un femicidio que terminó con la vida de Natalia Lagos ha llevado a la suspensión de dos juezas, Claudia Valetti y Florencia Sorrondeguy, por parte de la Suprema Corte de Justicia. Las magistradas, que recibieron denuncias previas por violencia de género contra el agresor, fallaron en tomar medidas adecuadas. Aunque una de ellas dictó medidas cautelares de no acercamiento, omitió convocar a una audiencia, lo que se considera una violación del derecho de la víctima a ser escuchada. Este trágico caso resalta las fallas sistémicas en la protección de las mujeres en situaciones de violencia doméstica. La población uruguaya clama por justicia y una reforma en el manejo de estos casos por parte de las autoridades judiciales.
La historia de Natalia es una dolorosa llamada de atención sobre la importancia de una respuesta judicial efectiva y sensible ante las denuncias de violencia de género. En un país que ha avanzado en temas de derechos humanos, este caso demuestra que todavía hay mucho por hacer para garantizar la seguridad y protección de las mujeres.
La suspensión de las juezas es un paso simbólico, pero el verdadero desafío radica en cambiar las prácticas y garantizar que las denuncias sean tratadas con la urgencia y seriedad que merecen, para que ninguna otra mujer sufra el mismo destino que Natalia Lagos.
