En una reciente sesión parlamentaria, la Cámara de Diputados de Uruguay aprobó una nueva ley de medios que busca actualizar la legislación vigente, adaptándola a las realidades tecnológicas y comerciales del sector. Esta normativa ha sido objeto de intensos debates tanto en el ámbito político como en el social, debido a las implicancias que podría tener sobre la libertad de prensa y la concentración de medios en el país. Uno de los puntos más controversiales de esta ley es la eliminación de los términos «monopolio» y «oligopolio» del texto, una decisión que ha sido criticada por sectores de la oposición y organizaciones de la sociedad civil.
El presidente Luis Lacalle Pou, alineado con la postura del oficialismo, ha anunciado que vetará uno de los artículos de la ley que considera particularmente problemático. Este artículo, que afecta la designación de la Junta de Comunicaciones, ha generado preocupación entre los defensores de la libertad de expresión, quienes temen que la nueva estructura pueda favorecer la concentración de poder en manos del gobierno o de grandes conglomerados mediáticos.
El artículo en cuestión también ha sido señalado por eliminar la garantía explícita del derecho a la libertad editorial, un elemento que los detractores consideran fundamental para asegurar una prensa independiente. Según declaraciones del mandatario, el veto responde a la necesidad de mantener un equilibrio en el sistema democrático, protegiendo la pluralidad de voces en los medios de comunicación uruguayos. Lacalle Pou ha argumentado que su decisión busca evitar cualquier medida que pueda ser interpretada como un atentado contra la libertad de prensa.
A pesar del veto presidencial, la aprobación de la ley de medios en su conjunto ha sido vista como un avance significativo por parte del oficialismo, que sostiene que la legislación permitirá una mayor competitividad y adaptación de los medios a las nuevas tecnologías. Sin embargo, la oposición ha manifestado su preocupación, alegando que la falta de referencias a monopolios y oligopolios podría permitir una concentración indebida del mercado, afectando la diversidad informativa en el país.
