Seis personas, entre ellas la jefa notarial del Ministerio de Defensa de Uruguay, Sonia Mora Pintos, fueron imputadas por los supuestos delitos de “trata de personas” y “asociación para delinquir” de decenas de venezolanos en el departamento de Artigas, en el norte del país, fronterizo con Brasil y Argentina.
Estas seis personas fueron acusadas por la fiscal de Artigas de 2º turno, Sabrina Massaferro, de formar parte de una red que captaba venezolanos para trabajar en condiciones de “explotación laboral” y en “diferentes actividades que menoscaban su dignidad humana”, en una cantera de piedras semipreciosas.
Según la formalización de la acusación fiscal, las víctimas fueron más de 30 venezolanos que trabajaban en esa cantera. Uno de ellos, quien llegó a Uruguay en enero, fue quien realizó la denuncia.
La Fiscalía solicitó una prisión preventiva de todos los imputados, pero el juez del caso decidió en cambio las siguientes medidas: obligación de fijar domicilio, prohibición de abandonar el territorio nacional y retención de sus documentos de viaje, prohibición de comunicación y acercamiento a las víctimas, arresto domiciliario nocturno y uso de dispositivo de monitoreo electrónico.
Según el escrito de la fiscal, que ha revisado CNN, los acusados traían a venezolanos a Uruguay a cambio de la promesa de pagos de entre US$ 1.500 y US$ 2000 y condiciones de trabajo que nunca fueron cumplidas.
La acusación fiscal explica que los venezolanos llegaron a Uruguay “por haber visto en la red social Telegram una publicación de oferta laboral”. Luego tuvieron entrevistas a través de videollamadas, donde les realizaron las ofertas concretas de empleo: trabajo en una cantera de piedras semipreciosas en el departamento de Artigas, a cambio de un ingreso aproximado de entre US$ 1500 y US$ 2000 por mes más alojamiento, comida y seguro médico. El régimen de trabajo sería de 8 horas diarias, como lo estipula la ley uruguaya.
Sin embargo, la Fiscalía afirmó que se trató de un caso de “explotación laboral” en el cual los venezolanos trabajaban 12 horas por día y solo recibieron un pago de un máximo de US$ 250.
La siguiente es parte de la narración de los hechos realizada por la fiscal del caso: “Fue así que este grupo de migrantes engañados aceptó la propuesta debido a la crisis económica que están viviendo en su país partiendo en ómnibus el día 9 de enero desde la Ciudad de Anaco hacia la Ciudad de Santa Elena. Cruzaron la frontera con Brasil, y después de cuatro escalas, llegan finalmente a San Pablo donde embarcan en avión hacia la ciudad de Montevideo”. Los pasajes fueron coordinados y pagados por los imputados y quien los recibió en el aeropuerto fue, entre otras personas, la funcionaria del ministerio de Defensa uruguayo, “quien se presentó como abogada de la empresa ante las víctimas”.
Pocos días después “se les retuvieron los documentos por parte de la imputada”, la abogada del ministerio de Defensa, quien, además, “les hizo firmar una declaración jurada y los contratos debieron firmarlos sin previa lectura”, agrega el documento de la Fiscalía.
El escrito de la investigación fiscal concluye que “los imputados integran un grupo criminal organizado con fines de explotación laboral; que busca el lucro económico a partir del comercio con seres humanos, participando en el reclutamiento, transporte, acogida de migrantes de extrema vulnerabilidad social los que eran sometidos a diferentes actividades que menoscaban su dignidad humana”.
El ministro de Defensa Javier García dijo que la funcionaria de su ministerio involucrada en el caso es una funcionaria “de carrera” con más de 30 años en el ministerio, y que no era “asesora personal ni cargo de confianza” suyo. Sin embargo, la oposición uruguaya difundió una resolución ministerial del año 2023 que la designa en el cargo de “jefa interina de la Sección Notarial”.
